El Govern aprueba las sanciones para garantizar que se cumpla el tope del precio de los alquileres

En un paso decisivo y firme hacia el control del mercado de alquileres, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprobado un nuevo régimen sancionador contra aquellos propietarios e inmobiliarias que incumplan la regulación de precios del alquiler o usen contratos temporales de forma fraudulenta.

Este acuerdo, fruto de los pactos para la investidura de Salvador Illa como presidente, contempla multas que pueden oscilar entre los 90.000 y los 900.000 euros, llegando incluso hasta el millón de euros en casos excepcionales. Las sanciones se incluirán tanto en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 como en el Código de Consumo de Cataluña.

Sanciones por incumplimiento de los precios del alquiler

El nuevo decreto sancionador establece diferentes niveles de penalización en función de la gravedad de la infracción. Por ejemplo:

• Si el propietario fija un alquiler un 30% por encima del sistema de referencia de los precios de arrendamiento, la multa oscila entre los 90.001 y los 900.000 euros. Se considerará una infracción muy grave cuando el aumento supere el 30% del límite permitido.
• En caso de que un contrato de alquiler de temporada no incluya la finalidad provisional del arrendamiento, también se aplicarán sanciones dentro de ese mismo rango.
• También se consideran infracciones muy graves aquellos alquileres temporales que en realidad buscan un uso permanente o habitual, así como trasladar al inquilino los costos asociados a la gestión inmobiliaria o la formalización del contrato.
• Si el casero o la agencia inmobiliaria trasladan los gastos de gestión a los inquilinos, también serán penalizados con la misma cuantía.
• Si la subida del precio del alquiler es inferior al 30%, pero no se indica en el contrato el coste del contrato anterior, la multa oscila entre los 9.001 y los 90.000 euros.

Las sanciones, además, son acumulativas. Si los propietarios incumplen múltiples disposiciones de la Ley de Vivienda, los ayuntamientos también tendrán la facultad de imponer sanciones por el precio de los alquileres. Además, estas penalizaciones podrán aplicarse tanto bajo la Ley de Consumo como a través de la normativa de vivienda.

Aquestes mesures busquen garantir que “saltar-se la llei no surti a compte”, com va assenyalar la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, que també va reconèixer que, encara que aquesta mesura ha arribat tard i encara queda molt per fer, “aquest règim sancionador no només és important, sinó que era imprescindible”.

Lucha contra el fraude en el alquiler temporal

Uno de los puntos clave del nuevo régimen sancionador es el control del alquiler de temporada, una práctica que muchos propietarios han utilizado para esquivar los límites de precio. La norma establece que estos contratos deben especificar claramente la finalidad del alquiler temporal, lo que busca evitar la especulación con esta modalidad de arrendamiento.

Además, se endurecen las sanciones para los profesionales y portales inmobiliarios que utilicen esta fórmula de manera fraudulenta. Si estas prácticas se realizan de forma reiterada o afectan a personas vulnerables, la multa podría alcanzar el millón de euros.

El nuevo decreto también introduce cambios en la información obligatoria de la publicidad inmobiliaria, estableciendo requisitos mínimos en las ofertas de arrendamiento y en los contratos. Esto busca proporcionar mayor transparencia en el mercado de alquiler y evitar prácticas engañosas.

Los anuncios y ofertas de alquiler publicados antes de la entrada en vigor del decreto deberán actualizarse un plazo de cinco días para cumplir con la normativa.

Implementación y control de las sanciones

El Govern aprobará el decreto ley este martes, entrando en vigor el miércoles 29, y tendrá un plazo de un mes para su validación. Se prevé que ERC dé su aval para garantizar su aprobación definitiva.

Una de las novedades del acuerdo es la creación de un buzón único de denuncias en la web del Departamento de Territorio, donde los ciudadanos podrán reportar irregularidades en los contratos de alquiler. Además, los Ayuntamientos contarán con más herramientas para imponer sanciones y hacer cumplir la normativa.

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