3 de marzo de 2018
El Tribunal Supremo ha decidido arrojar luz sobre el controvertido impuesto de plusvalía municipal que se aplica sobre la venta de los inmuebles. Los magistrados acaban de admitir a trámite un recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid, y recientemente otro de Zaragoza, que a su vez ponen en juego los miles de millones ingresados por todos los municipios en los últimos años.
El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), como se conoce oficialmente la tasa de plusvalía municipal, sufrió un fuerte varapalo en mayo de 2017 cuando el Tribunal Constitucional decretó que no puede aplicarse si la venta del inmueble se cierra con pérdidas sobre su valor inicial, es decir, sin plusvalía.
El fallo del Constitucional obligaba a reformar el impuesto con lo que Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pasaron meses negociando un nuevo diseño que permita su aplicación dentro de los límites constitucionales. La nueva tasa, acordada el pasado enero y pendiente de tramitación, tendrá aplicación retroactiva desde el 15 de junio de 2017 pero está por ver qué ocurre con los impuestos indebidamente pagados antes de esa fecha. Tribunal Supremo ha decidido arrojar luz sobre el controvertido impuesto de plusvalía municipal que se aplica sobre la venta de los inmuebles. Los magistrados acaban de admitir a trámite un recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid, y recientemente otro de Zaragoza, que a su vez ponen en juego los miles de millones ingresados por todos los municipios en los últimos años.
El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), como se conoce oficialmente la tasa de plusvalía municipal, sufrió un fuerte varapalo en mayo de 2017 cuando el Tribunal Constitucional decretó que no puede aplicarse si la venta del inmueble se cierra con pérdidas sobre su valor inicial, es decir, sin plusvalía.
El fallo del Constitucional obligaba a reformar el impuesto con lo que Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pasaron meses negociando un nuevo diseño que permita su aplicación dentro de los límites constitucionales. La nueva tasa, acordada el pasado enero y pendiente de tramitación, tendrá aplicación retroactiva desde el 15 de junio de 2017 pero está por ver qué ocurre con los impuestos indebidamente pagados antes de esa fecha.
