Todas las claves de la Nueva Ley de la Vivienda 2023

El pasado 27 de abril de 2023, el Gobierno dio a conocer la autorización de la Nueva Ley de la Vivienda tras su votación en el Congreso de los Diputados.

Aunque aún queda la aprobación definitiva por parte del Senado, se espera que esto ocurra antes de las elecciones autonómicas y municipales previstas para el 28 de mayo de 2023.

¿Cuáles son las claves de esta nueva ley?

Nueva Ley de la Vivienda 2023

Límite al precio del alquiler

Como adelantamos en el artículo, “prórroga de la subida máxima del 2% de los alquileres”, actualmente el límite está fijado al 2% para todas las viviendas. Aunque se trata de una medida temporal.

Durante el 2024 alcanzará el 3% y a partir del 2025 se diseñará un nuevo índice que sea más estable a fin de evitar fuertes aumentos en las rentas.

El límite afectará a grandes y pequeños propietarios y regulará tanto los contratos nuevos como los ya existentes.

Los topes se establecerán según la modalidad del contrato y el tipo de propiedad, indexándose:

1. A la renta anterior en el caso de pequeños propietarios.
2. Mediante un índice de contención todavía desconocido para grandes tenedores.

Zonas tensionadas

Se reducirá el nivel de exigencia para que los gobiernos regionales y locales puedan declarar una zona como tensionada.

Aunque será necesario cumplir con al menos una de estas dos condiciones:

1. Que el precio medio de la vivienda supere el 30% de los ingresos medios de la zona.
2. Que el precio de la vivienda haya aumentado más de 3 puntos porcentuales sobre el valor del IPC en los últimos cinco años.

Desahucios

El propietario gran tenedor será responsable de presentar una solicitud de desahucio para demostrar tanto su estatus como determinar si el ocupante se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

Si se confirma que el propietario es un gran tenedor, será necesario proporcionar evidencia de haber llevado a cabo un proceso de mediación a través de los servicios de la administración pública antes de proceder con el desahucio.

Las autoridades deberán promover el adecuado realojo y acceso a la vivienda digna, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad social, económica, las circunstancias personales y familiares.

• Se podrán utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda o cualquier otra política.
• Se prohibirán los desahucios sin fecha y hora determinada.
• Se incluirán nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que aplazarán los procesos más de dos años.

Paralelamente, las comunidades autónomas podrán diseñar mecanismos de mediación y alternativa habitacional.

Bonificaciones en el IRPF

Se recogerá un sistema de bonificación fiscal en el IRPF para aquellos propietarios que tengan viviendas en alquiler en zonas tensionadas.

1. En los nuevos contratos de arrendamiento la reducción pasará del 60% al 50%. Podrá incrementarse hasta el 90% en el caso de que se contemple una bajada de al menos el 5% sobre el contrato anterior.

• Hasta el 60% cuando se hayan efectuado obras de rehabilitación en los dos años anteriores.

• Hasta el 70% si se alquilan a jóvenes de entre 18 y 35 años. También en el caso de ser inmuebles protegidos, arrendados a entidades financieras sin ánimo de lucro o a programas públicos que limiten la renta del alquiler.

Definición de gran tenedor

Se dará la opción a las comunidades autónomas de rebajar de diez a cinco el número de viviendas que tiene que poseer un propietario – ya sea persona física o jurídica – en una zona tensionada para ser considerado gran tenedor.

Reserva de suelo

Los porcentajes de reserva de suelo para viviendas protegidas aumentarán:

• Del 10% al 20% en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).
• Del 30% al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización).

Recargos por viviendas vacías

Los ayuntamientos podrán aplicar un recargo en el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) en aquellas viviendas que estén vacías durante más de dos años.

La penalización será de al menos el 50%, llegando a un máximo del 150% en función de la duración de la desocupación y del número de viviendas deshabitadas que sean del mismo titular.

El objetivo es incentivar a los propietarios con más de cuatro viviendas en el mismo municipio a ponerlas en alquiler.

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